Fraude urbanistico: Conchita llevaba razón.

Pues sí, Concha Rivas, la batalladora líder vecinal de Los Bermejales llevaba toda la razón. Muchos la tildaron de loca, sufrió el acoso del Ayuntamiento, también fué ignorada por buena parte de los medios de comunicación sevillanos. Y ahora, resulta que llevaba toda la razón, como intuímos algunos cuando Conchita Rivas se puso al frente de sus vecinos, hace yá cinco años y medio, para denunciar el atropello que suponía la cesión, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, de unos terrenos de Los Bermejales para la construcción de la mayor mezquita de toda Europa.

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) ha declarado nulo el acuerdo del Ayuntamiento por el que cedió suelo a la Comunidad Islámica de España, una decisión que el alto tribunal andaluza califica como " un verdadero fraude urbanistico". Toma yá.

Dice la sentencia: " La manera de actuar por parte de la administración supone un verdadero fraude urbanistico" ya que evitaba " el cumplimiento de principios capitales y obligada observancia en el Derecho urbanistico". El Ayuntamiento cedió los terrenos a pesar de que eran de dominio público, lo que no pueden hacer las administraciones locales, señala el tribunal, que critica que " nadie aporta explicación alguna" sobre el hecho de que la parcela se considerara bien patrimonial y no de dominio público a pesar de que así estaba inscrita. Subraya la sentencia que " parece ser que resulta indiferente que las normas se cumplan o no, que tenga el bien una u otra calificación, que sufra, hasta dinamitarla, la seguridad juridica".

La parcela en cuestión aparece en el inventario como inmueble de dominio público y en el patrimonio municipal como bien patrimonial, lo que se obvia tanto en la via administrativa como en la judicial. Ese error no se corrigió, por lo que la cesión del suelo "nació viciado y debe ser anulado". La sentencia, finalmente, afirma que la Mezquita debería ser considerada como " dotación común de uso privado".

La sentencia del TSJA pone las cosas en su sitio y pone en evidencia al alcalde Monteseirín y al ex-delegado de urbanismo, Carrillo. Una sentencia que califica una decisión municipal de verdadero fraude urbanistico debería provocar, de inmediato, una dimisión. O mejor dos.